El Gobierno impuso el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto, confirmando su alineación con la cúpula empresaria. Esta decisión, criticada por los sindicatos como un acto de "despotismo", condena el ingreso básico a seguir hundido muy por debajo de la línea de indigencia.

La reunión del Consejo del Salario reveló una marcada disparidad entre las posturas del sector sindical y el empresarial. Los sindicatos, representados por las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), presentaron solicitudes que buscaban una mejora sustancial del ingreso básico, con el objetivo de equipararlo o superarlo respecto a la línea de indigencia.

La CGT y la CTA (mayoritaria) propusieron un SMVM de $ 553.000 a partir de abril de 2026.

La CTA – Autónoma elevó la solicitud a $ 736.000, indicando que este monto se ubicaría «por encima de la línea de indigencia».

En contraste, el sector empresario—incluyendo la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural—propuso valores significativamente menores: $ 326.000 de manera inmediata y $ 349.000 para abril del próximo año.Ante la falta de modificación de las posturas tras pasar a un cuarto intermedio, el Gobierno anunció su resolución de definir el aumento por decreto, una medida que, según la CTA, siempre se alinea con la propuesta del sector empresarial.